Enviado por admin el Vie, 03/05/2021 - 15:54

<p><strong><em>Las juventudes han sido víctimas del conflicto armado en los territorios urbanos y rurales del centro del poder político del país. La herramienta piloto “Capital en Conflicto”, una alianza entre Rutas del Conflicto y la Comisión de la Verdad, reúne hechos de violencia y resistencia desde los años 1950 en Bogotá, Soacha y Sumapaz, y explica sus contextos y su persistencia.</em></strong></p>

<p><em>Juvenicidio</em>. Un término que no se encuentra en ningún diccionario y que muy poca gente conoce. Se refiere al asesinato de jóvenes por el hecho de ser jóvenes. En el contexto colombiano, se relaciona con la estigmatización sistemática que los jóvenes han sufrido por parte de diferentes grupos involucrados en el conflicto armado. Una palabra que da forma a la realidad de millones de jóvenes en Colombia, no solamente en la ruralidad, sino también en las zonas urbanas. Además de llegar a la capital debido al desplazamiento forzado, otras presiones del conflicto sobre los jóvenes de Soacha y Bogotá —incluyendo a la ruralidad del Sumapaz, su localidad más grande— han sido las violencias ejercidas por actores como las guerrillas, el paramilitarismo, el neoparamilitarismo, las bandas criminales, así como los abusos de la fuerza pública.</p>

<p>El concepto de juvenicidio fue adoptado en América Latina inspirado en el feminismo, especialmente en el significado de feminicidio (el asesinato de mujeres por razones de género). Según el científico social Germán Muñoz González, no solo significa el asesinato, sino también acabar con la vida de un joven de otras formas: estigmatización, despojo de derechos, falta de una red familiar y social, segregación por lugar de residencia o precariedad laboral. Ese panorama se ve, por ejemplo, en Soacha, donde la asistencia escolar promedio es baja (de 6,8 años para 2010, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD), lo que dificulta el acceso al trabajo.</p>

<p>Esta plataforma, “Capital en Conflicto”, una alianza del medio digital Rutas del Conflicto con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, trata del juvenicidio en eventos relacionados al conflicto armado en Bogotá, Soacha y Sumapaz, que pueden ser consultados en una línea de tiempo y en un mapa. Además de los hechos, trae la descripción de diferentes contextos que dan cuenta de las circunstancias que los rodean. La herramienta es innovadora en asociar eventos de violencia a patrones investigados por la Comisión de la Verdad, por medio de filtros de búsqueda y de fichas con textos en un lenguaje sencillo.</p>

<p>“Capital en Conflicto” visibiliza que el conflicto armado también ha llegado a las ciudades y que, en Bogotá, Soacha y Sumapaz, ha afectado de forma específica a los jóvenes. Además de las violencias, la herramienta también visualiza las resistencias llevadas a cabo desde procesos juveniles, para reconocer su agencia y su importancia en la construcción de paz.</p>

<p>Entienda más sobre la navegación de la plataforma en este video:</p>

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<h3>¿Qué entendemos por juventudes?</h3>

<p>La juventud carece de una definición precisa, dice Sinthya Rubio Escolar, coordinadora del Enfoque de Curso de Vida y Discapacidad de la Comisión de la Verdad. “Las concepciones de la juventud desafían todas las definiciones universales porque hay muchas diferencias, hay mucha pluralidad y no son un grupo homogéneo”, explica. La idea de la juventud, por tanto, está en permanente cambio y se concibe como una identidad que la gente atribuye a partir de ciertos rasgos, como la edad y el empleo. Por ejemplo, si una persona de entre 15 y 24 años tiene trabajo permanente, es poco probable que parte de la sociedad lo perciba como joven, añade Emmanuel Quiroga Rendón, investigador de juventudes y Estudios Sociales de la Universidad del Rosario.</p>

<p>Aún de acuerdo con Quiroga Rendón, las juventudes poseen menos herramientas para regular sus vidas que los adultos y, por eso, son más propensas a engancharse en las dinámicas de la guerra. Por el contexto de violencia, desempleo y empleos mal pagos o la búsqueda por más independencia, afirma el investigador, los jóvenes pueden ser reclutados, muchas veces forzadamente, por la fuerza pública y grupos de corte paramilitar, guerrillero o narcotraficante.</p>

<p>Según un estudio de la Universidad del Bosque, del año 2010, solo el 12% de los jóvenes se une a esos grupos por inclinaciones ideológicas, y 27%, por motivos económicos, ya que les prometen dinero. Otros motivos que los ponen en riesgo, afirma Quiroga Rendón, son su utilización para cometer crímenes (principalmente los menores de 18 años, que no van a la cárcel), y las amenazas sufridas por los jóvenes defensores de derechos humanos.</p>

<h3>Violencias en contra de las juventudes</h3>

<p>El exterminio social (mal llamada ‘limpieza’), las ejecuciones extrajudiciales (incluyendo los llamados ‘falsos positivos’), el reclutamiento, la tortura y la violencia de género fueron las victimizaciones en contra de jóvenes más mencionadas en el proceso de construcción de “Capital en Conflicto”. Esos tipos de violencia se identificaron mediante talleres con líderes y lideresas sociales, e investigación periodística y académica.</p>

<p>Varias de estas violencias, como el exterminio social o las ejecuciones extrajudiciales, se relacionan con asesinatos selectivos, en los que las víctimas no son atacadas de forma arbitraria, sino que existe una sistematicidad a la hora de elegirlas. Este es el tipo de violencia que más muertes ha causado en el conflicto colombiano según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), con casi 180.000 víctimas en el país, 1.324 en Bogotá y 3.245 en Cundinamarca, entre los años 1957 y 2018. Los jóvenes han sido los más afectados por este tipo de delito en contextos de conflicto armado, con más de 2.000 asesinatos selectivos para cada una de las edades entre los 16 y los 37 años y con un pico de 4.415 víctimas de 22 años, durante los 61 años que estudió el CNMH.</p>

<p>Estas violencias han sido marcadas por la estigmatización: ser joven en Colombia se ha considerado peligroso o subversivo. Para Sinthya Rubio Escolar de la Comisión, experta en infancias y violencia, las personas jóvenes tienden a ser percibidas como fuentes de crítica y de protesta en contra del orden social, un ‘enemigo interno’. En el caso del exterminio social, los asesinatos se producen para ‘eliminar’ lo que, para quiénes lo realizan, representa una identidad conflictiva (como jóvenes drogodependientes, trabajadoras sexuales y habitantes de calle), de acuerdo con el CNMH.</p>

<p>Dentro de estos casos se evidencia, por ejemplo, la masacre del barrio Juan Pablo II en Ciudad Bolívar en el año 1992. Según documentó El Tiempo, 12 personas armadas asesinaron a seis jóvenes entre los 16 y 17 años de edad, que festejaban el cumpleaños de uno de sus compañeros, y que eran señalados por parte de la comunidad de pertenecer a una banda criminal. Posteriormente, unas cuadras más adelante, asesinaron a una pareja de jóvenes de 22 y 27 años y a su hija de 12 años.</p>

<p>La violencia también ha partido del Estado: las torturas y las detenciones arbitrarias de la época del Estatuto de Seguridad del expresidente Julio César Turbay son un ejemplo, cuando se reprimía en las calles el encuentro de jóvenes, que eran capturados sin mayor justificación. Para explicar las victimizaciones en el marco del conflicto armado, así como sus causas y consecuencias, la Comisión de la Verdad ha definido patrones que explican dinámicas transversales a diferentes épocas y territorios en Colombia. Uno de ellos es la Persecución, estigmatización y exterminio de opositores políticos, organizaciones sociales, sindicatos y líderes sociales, que analiza la responsabilidad de agentes estatales en la violencia contra civiles, incluyendo el peso del discurso anticomunista. Casos relacionados han sucedido en las últimas décadas, como el de Olga López Jaramillo, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de 27 años, y su hija de cinco años, quienes en 1979 fueron detenidas y torturadas por el Ejército.</p>

<p>En los crímenes conocidos como ‘falsos positivos’, miembros de la Fuerza Pública han asesinado deliberadamente a civiles y los presentado como guerrilleros muertos en combate, con el fin de inflar resultados y recibir beneficios. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), más de 6.000 personas fueron víctimas de ese crimen, perpetrado especialmente contra los jóvenes.</p>

<p>Si bien los tipos de violencia documentados en esta herramienta toman a la identidad juvenil como punto de partida, estos afectan de forma diferente a las víctimas. El ser mujer, el pertenecer a una comunidad vulnerable, el pensar diferente al status quo y el sentir y amar diferente, influyen en la severidad de los hechos victimizantes. Como explica Sinthya Rubio, la interseccionalidad —enfoque de análisis de las teorías feministas que relaciona características como raza, género y clase— ayuda a entender esa afectación diferencial de las violencias.</p>

<p>Las mujeres y las personas LGBTIQ+ son las poblaciones más afectadas por la violencia de género. Entre 1959 y 2017, se registraron más de 15.000 casos de violencia sexual en el marco del conflicto en el país, en víctimas de todas las edades, según el CNMH. Nueve de cada diez eran mujeres. La edad más afectada ha sido la de las jóvenes entre 18 y 28 años, con al menos 4.835 casos. Les siguen los menores de edad, con 3.317 casos entre los 13 y los 17 años. La Comisión de la Verdad también comprende la violencia de género y LGTBIQ+ como un patrón que explica dinámicas del conflicto.</p>

<p>La violencia y la estigmatización en contra de las juventudes ha permanecido en el tiempo. A los eventos de ayer se han sumado victimizaciones recientes, que sacan a la luz las consecuencias de la guerra en el entorno de la capital. La violencia policial se pudo ver en 2020, por ejemplo, en la muerte de nueve jóvenes que se encontraban recluidos en el Centro de Atención Inmediata (CAI) de San Mateo, en Soacha, y que comenzaron un incendio en forma de protesta por los supuestos maltratos y por la negativa de dejarles recibir visitas de sus familiares.</p>

<p>“Les pegaban, los dejaban sin comer, les quitaban los implementos de aseo y a veces les botaban la comida que llevábamos”, contaron algunos familiares de los jóvenes ante medios de comunicación. El incendio se extendió y más de 20 personas resultaron heridas.</p>

<h3>Acciones de resistencia y construcción de paz</h3>

<p>Las juventudes no han sido solamente víctimas del conflicto, sino también agentes de transformación y construcción de paz territorial. Desde casos emblemáticos como el Paro de 1977 hasta el Paro del 2019, es posible ver que, a pesar de las violencias que tienen que enfrentar cada día, los jóvenes siguen resistiendo, expresando sus ideas, denunciando las agresiones y buscando que no se vuelvan a repetir.</p>

<p>La mayoría de las resistencias documentadas en la herramienta es liderada por los jóvenes, pero se enfoca en personas de múltiples edades en sus comunidades con movimientos y actividades colectivos. Son propuestas autogestionadas que, en muchos casos, señalan las responsabilidades de las instituciones y de los actores armados. Entre los tipos de resistencia identificados están iniciativas que echan mano del arte con creación de murales, música y teatro, que nacen en respuesta a los estragos del conflicto y como apuestas para su no repetición. Iniciativas, por ejemplo, como el encuentro anual de performance que organiza la Fundación Waja, para adueñarse de la ciudad en barrios como Santa Fe, La Candelaria y Chapinero, en donde el espacio público ha representado un escenario de violencias contra los jóvenes.</p>

<p>Justamente otro tipo de resistencia es esa apropiación del espacio público, bien sea para realizar actividades artísticas y culturales o para realizar protestas y marchas en promoción de los derechos humanos. Durante las manifestaciones, sin embargo, los jóvenes pueden ser nuevamente violentados, en este caso por la represión policial. Varias organizaciones se han creado con el propósito específico de ser garantes de los derechos humanos durante los contextos de protesta social.</p>

<p>También existen luchas legales que nacen de organizaciones como MAFAPO (Madres de Falsos Positivos de Colombia), el MOVICE (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado) y la ACCOC (Acción Colectiva de Objetores/as de Conciencia), entre otras, que basan su resistencia desde la asistencia que le prestan a otros jóvenes, con servicios legales, psicológicos e incluso económicos.</p>

<p>Los colectivos también se inmiscuyen en otras problemáticas que afectan a la sociedad, sobre todo a la juventud. Es por eso que colectivos como MAFAPO, que nace de las madres de los jóvenes asesinados extrajudicialmente durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), se manifiesta también en contra de la LGBTIQfobia, los feminicidios y los asesinatos contra liderazgos sociales y excombatientes firmantes del Acuerdo de paz.</p>

<h3>Un conflicto que se recicla en el tiempo</h3>

<p>Durante la investigación sobre los juvenicidios en el contexto urbano, la Macroterritorial Bogotá-Soacha-Sumapaz de la Comisión de la Verdad estableció cuatro períodos para comprender el curso de la violencia contra los jóvenes, conformados por diferentes eventos históricos.</p>

<p>El primer período identificado se sitúa Entre viejas y nuevas violencias, y cubre los años entre 1958 y 1977. El llamado Frente Nacional, un pacto de los partidos Conservador y Liberal para dar cierre a la violencia política del país, generó una serie de tensiones y cerró la puerta a la participación de otras expresiones políticas. Se intensificó la confrontación contra los nacientes grupos guerrilleros colombianos, en un contexto en el que la élite política había asumido la lucha internacional contra el comunismo. Sin embargo, las ideas de los recién formados movimientos guerrilleros se fortalecían en el campo y en los entornos urbanos, aprovechándose de sus ventajas económicas y geográficas. En ese período, los jóvenes se vieron gravemente afectados por el reclutamiento de grupos insurgentes y por la persecución del Estado.</p>

<p>En el período que denominamos la Movilización en alza y respuesta represiva del Estado, hubo un aumento de las movilizaciones sociales y de las filas insurgentes en el país, entre los años 1978 y 1985. Para contrarrestar esta tendencia, el gobierno de Turbay Ayala implementó el Decreto 1923 de 1978, más conocido como Estatuto de Seguridad, que recrudeció la persecución e instaló nuevos patrones de hostigamientos.</p>

<p>Cuando Medicina Legal empezó a examinar los cadáveres de los combatientes insurgentes y de los simpatizantes de movimientos políticos de izquierda que habían sido asesinados, encontró señales de torturas. Diferentes medios de comunicación y sentencias judiciales registraron que la tortura y la estigmatización eran usadas por el Estado para controlar la lucha insurgente, afectando también a los movimientos sociales. El boom de las ONGs en Colombia hizo que se denunciaran esas múltiples violaciones a los derechos humanos. Mientras trabajaba en el país, Amnistia Internacional registró más de 25 formas de tortura ejercidas por la Fuerza Pública.</p>

<p>En reacción al fortalecimiento insurgente, avanzó el crecimiento de grupos paramilitares a lo largo y ancho del país. En la capital, el suroeste de Bogotá se vio especialmente afectado por esa dinámica en la época de la Agudización del conflicto en el contexto urbano y avanzada paramilitar, entre 1985 y 2001.</p>

<p>Los grupos narcotraficantes también utilizaron la violencia para ganar poder e influencia. Los asesinatos selectivos de políticos e de insurgentes famosos y el reclutamiento de nuevos integrantes para las filas de los actores armados esparcían miedo. Al mismo tiempo, creció la presencia de las FARC en Sumapaz y en otras zonas del sur de la Bogotá, así como la expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con presencia en Ciudad Bolívar y Suba, en la capital, y en Altos de Cazucá, en Soacha.</p>

<p>A medida que los desplazados, incluidos muchos jóvenes, huyeron a las zonas urbanas tras la violencia en el campo, la precariedad aumentó en el sur de Bogotá y en Soacha, especialmente entre los años 2001 y 2016, período que denominamos de Reestructuración paramilitar. En la primera década del 2000, las AUC fundaron el Bloque Capital, que dentro de sus objetivos estaba hacerle contrapeso a las insurgencias en Bogotá. Desde allí empezó una segunda ola de desplazamiento forzado, pero esta vez de una manera intraurbana. Los acuerdos de paz que derivaron en la desmovilización de la mayoría de grupos paramilitares (2003-2006) no aliviaron las circunstancias en estos barrios en la primera década del 2000, debido al establecimiento de bandas criminales herederas del paramilitarismo.</p>

<p>La violencia en contra de los jóvenes se marcó por un contexto de precariedad en los barrios y por la política de la Seguridad Democrática, de Álvaro Uribe Vélez. De ese período son los ‘falsos positivos’ en Soacha y en Ciudad Bolívar.</p>

<p>La intención de la herramienta en separar las diferentes temporalidades es contextualizar los eventos de violencia contra las juventudes en sus dinámicas políticas, económicas y sociales, y mostrar los patrones del conflicto que más se repitieron en esos cuatro períodos. No hay duda de que las victimizaciones sufridas por los jóvenes han persistido en los últimos 60 años en el entorno de la capital, vinculadas tanto a las antiguas y como a las nuevas dimensiones del conflicto. Esta plataforma es una manera de entenderlas, reconocerlas y volverlas más visibles.</p>

Foto del reportaje: 
Fecha: 
Viernes, Marzo 5, 2021 - 15:45